Vol 2. Núm 5. 2014
COMPROMISO POLÍTICO DE LA FORMACIÓN DE PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS EN PSICOLOGÍA JURÍDICA: DE CARA AL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE ESTADO
Anyela Moreno Martínez Fundación Universitaria “Los Libertadores”, Colombia
Resumen
La formación en psicología jurídica hoy, tiene un reto: validar la necesidad, expectativa, restitución de derechos y exigencias de las víctimas. La lógica de justicia tenía como interés máximo el agresor, el castigo como justicia. Ahora, la meta es la reparación, no solo del o los daños e impactos generados por el acto delictivo particular sino de la reconstrucción de los lazos de solidaridad de comunidades violentadas por largos períodos de tiempo. El campo del derecho no es únicamente la norma y aplicación de esta, sino que es un campo de lo político. El psicólogo, como interlocutor en este ejercicio, juega un rol fundamental en lo que a la legitimidad de las prácticas ideologizadas sobre los actores en los procesos legales se refiere.
Abstract
Training in legal psychology today, has a challenge: to validate the need, expectation, restitution of rights and demands of the victims. The logic of justice had the greatest interest the offender, punishment and justice. Now, the goal is to repair not only of or damage and impacts generated by the particular criminal act but rebuilding the bonds of solidarity violated by long periods communities. The field of law is not only the standard and implementing it, but a political field. The psychologist, as a partner in this exercise, plays a key role as to the legitimacy of the practice ideologized about the actors in the legal process is concerned.
Palabras claves
compromiso político, psicología jurídica, víctimas, conflictos armados, political commitment, legal psychology, victims, armed conflict

La psicología jurídica como área de profesionalización o aplicación del saber psicológico, es de por sí un reto para la formación en tanto área interdisciplinar, que trasciende el estudio y comprensión de lo humano para pasar a la interacción de este con el ámbito jurídico. Ámbito que define y ubica al sujeto, lo transversaliza y legitima lo justo y verdadero; adicional a ello el sujeto al circunscribirse a este puede cobrar existencia como víctima por ejemplo, puede ser catalogado como imputable de acuerdo a la comprensión y posibilidad de sujetarse a la norma y con ello será un sujeto válido para el ejercicio de derechos.
De tal forma el campo del derecho no es únicamente la norma y aplicación de esta, sino que es un campo de lo político y el psicólogo como interlocutor en este ejercicio juega un rol crucial al legitimar prácticas ideologizadas sobre los actores en los procesos legales. Así la formación de los psicólogos y psicólogas parte del lugar de la generación de ejercicios de concienciación de estas implicaciones como sujetos políticos.
La formación en psicología jurídica hoy, en Colombia y América Latina, trae un reto consigo: que la necesidad, expectativa, restitución de derechos y exigencias de las víctimas sean validados como legítimos y que por tanto sean el centro de interés del ejercicio de justicia. Se asume como un reto en tanto que la lógica de justicia tenía como interés máximo el agresor, el castigo como justicia y ahora, la meta es la reparación, no solo del o los daños e impactos generados por el acto delictivo particular sino de la reconstrucción de los lazos de solidaridad de comunidades violentadas por largos períodos de tiempo.
Adicional al cambio de lógica de lo justo, se requiere ampliar el espectro de lectura de los fenómenos psicológicos en las víctimas de las prácticas violentas, al despatologizar el comportamiento y acción; en tanto que son reacciones normales a situaciones anormales. Al comprender estas respuestas como formas de afrontamiento se legitima el dolor y afectación, al tiempo que se da valor a la versión, testimonio y por tanto verdad a la vivencia. Por tanto, el reclamo de restitución de derechos y de restablecimiento de condiciones de calidad de vida, no son el producto del resentimiento sino que son el reclamo y exigencia justa.
Formar en psicología jurídica implica comprender que el proceso legal hace parte integral del restablecimiento de derechos, por tanto debe partir de la dignificación del lugar de víctima como centro de este, entendiendo que la impunidad y revictimización por quienes operan justicia generan rupturas en los esquemas de referencia debido a las desavenencias del proceso legal, generando descreimiento en las instituciones sociales impactando por tanto en las dinámicas de interacción social.
De tal manera que formar en psicología jurídica está atravesado por la humanización de los procedimientos, por la generación de un compromiso ético y político por el hacer disciplinar y los efectos que con este se logran en los sujetos políticos; hacer que debe partir de un ejercicio juicioso de investigación constante que oriente las prácticas y acciones disciplinares y profesionalizantes.
Con el presente escrito me propongo compartir algunas reflexiones que he venido construyendo en mi experiencia de diez años como docente en psicología jurídica, como perito y como acompañante psicosocial con víctimas de violencias, en particular de violencias sociopolíticas. Reflexiones que me llevan a plantear una pregunta: ¿Cómo lograr que el psicólogo en formación logre su posicionamiento político y ético, haciendo frente a la propuesta deshumanizada y mercantilizada del ejercicio legal meramente técnico?
En general la psicología jurídica ha estado al servicio de la criminalización, atendiendo a las preguntas de ¿quién? y ¿por qué delinque?, Ello con la necesidad social de mantener un orden social.
La historia del campo de la psicología jurídica ha mostrado sus intereses disciplinares y con ello políticos, objetos de estudio y aplicación de conceptos.

  1. En principio se ahondó en evaluación y toma de testimonio.
  2. Luego incursionó en la criminalización con el estudio de los perfiles psicológicos y con ellos profundizó en el estudio de las mentes criminales.
  3. Trabajó, posteriormente en la victimología positivista, ayudando al enriquecimiento de conceptualizaciones de la víctima como provocadora.
  4. Junto con el acumulado anterior, el psicólogo jurídico logró posicionarse como un experto-perito-válido a quien preguntarle sobre las explicaciones de la mente humana y sus implicaciones en la verdad judicial y existencia de un sujeto punible: imputable o inimputable. Y más allá de ello, de validar al testigo para rendir declaración.

Con esta incursión a la criminalización, las construcciones de la psicología jurídica manifestaron el posicionamiento político de forma que se fue construyendo, por ejemplo: implementar el uso de los instrumentos de medida psicológicos para evaluar la veracidad y credibilidad de los testimonios, con pretensión cientificista y tecnologizante. Con ello dio estatuto y existencia a un actor protagónico en el escenario jurídico: el victimario, en cambio la contraparte de este, quedó rezagada a la evaluación de credibilidad de su testimonio, la necesidad de probar su dolor o daños psicológicos que de entrada estaban cuestionados por la posible patologización existente en este y de acuerdo con ello deslegitimada e invisibilizada como actor en la escena legal.
Este tipo de construcción de la psicología jurídica se ve altamente confrontada cuando la fuerza los hechos fuerzan las comprensiones y marcos interpretativos de la realidad. Como los siguientes:
Definición de contexto
Para dimensionar la problemática, se retoma el “Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’” (2012) quienes refieren que del total de los casos documentados de violencia sociopolítica en Colombia, la mayor responsabilidad es del estado, que a menudo ha actuado como un estado infractor como ha sido señalado en los múltiples informes de los órganos especializados de las Naciones Unidas y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las cifras de responsabilidad criminal frente al conflicto armado interno y la violencia sociopolítica comprometen en primer lugar a las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares que las primeras han promovido como estrategia de “guerra sucia”. El paramilitarismo es un producto espurio del establecimiento y del estado que ha minado su legitimidad, convirtiéndose en uno de los principales factores de reproducción de la violencia política y social en Colombia.1 La impunidad con que se sigue cubriendo a los determinadores de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad, no puede resolverse en una mesa de negociación con las guerrillas con un “borrón y cuenta nueva”.
De acuerdo con las cifras de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, la fiscalía ha reportado que bajo el marco jurídico de justicia y paz adelanta procesos contra 4 634 integrantes de grupos armados ilegales de los cuales 4 131 eran paramilitares y 503 de la guerrilla.2
Entre los hechos investigados se encuentran 1 007 masacres, 25 083 homicidios, 3 459 desapariciones forzadas, 10 925 desplazamientos forzados, 89 casos de violencia sexual y 754 de torturas, además, se han compulsado copias para abrir en justicia ordinaria investigaciones contra 1 124 políticos, 1 023 miembros de la fuerza pública, 393 servidores públicos, 10 329 contra terceras personas sin identificar su calidad, y desmovilizados.3 Sin embargo poco se ha avanzado en la sanción de estas responsabilidades penales.
A la par de las cifras sobre investigaciones oficialmente reconocidas, las relacionadas con hechos que constituyen violaciones de derechos humanos recogidas por las organizaciones y centros de investigación dan cuenta de un panorama más claro en relación con el tipo de hechos perpetrados y la calidad de los responsables. Desde julio de 1996 hasta junio de 2010, se conocen 30 665 víctimas de [las mal llamadas] ejecuciones extrajudiciales [o homicidio intencional en persona protegida], desapariciones forzadas y homicidios socio políticos, bajo la responsabilidad en un 43,9 % de los paramilitares, el 7,4% de agentes estatales y el 14,2% de la guerrilla, aunque solo el 65% de los casos tiene presunto autor identificado. El porcentaje de los autores identificados4 frente a la responsabilidad del estado y los crímenes de los paramilitares constituye un 78,3% y de las guerrillas un 21,6%.
Siguiendo las referencias de Aguilera (2011), en Colombia, los conflictos armados se han saldado en su mayoría a través de pactos que han concluido con amnistías o indultos –63 indultos y 25 amnistías desde 1820 hasta 2011.
Ahora bien, cuando es la institucionalidad quien actúa como actor y responsable de los actos criminales la situación se complejiza mucho más tanto para las víctimas directas como para la organización social en su conjunto. Cuenta de ello da el “Colectivo de abogados ‘José Alvear Restrepo’”  (2012) quienes han llamado la atención sobre el hecho de que si bien es cierto que en Colombia todos los actores armados han cometido crímenes de carácter internacional, a la hora de establecer las responsabilidades históricas frente a estos, con las consecuentes cargas de responsabilidad política y penal, no se puede admitir tratamientos simétricos. Frente a estos crímenes, la verdad debe ser fuente de la memoria histórica que permita edificar una ética de la convivencia social que no se resigna al olvido, ni al silencio, ni a la impunidad.
El estado que se pretende legítimo con un orden constitucional y legal que tiene como presupuesto la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos y el deber de garante a través de sus autoridades, en particular con el poder depositado en la fuerza pública no puede pretender ser tratado frente a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos, que han cometido agentes estatales, como se trataría a cualquier actor armado de carácter irregular.
Un estado deslegitimado tiene implicaciones para el establecimiento del orden, no solo social, sino también del imaginario colectivo, de la constitución y estructuración de los individuos, de los ciudadanos y por tantos de los sujetos. En tanto que es quien detenta el lugar de organizar y garantizar una “base segura”, fuente de confianza y seguridad para quienes son sus miembros y ciudadanos. De tal forma que es bastante devastador para el conjunto social que sea su propio “padre” quien lo amenace, lesiones, vulnere, desaparezca, asesine selectivamente o lo segregue o excluya.
En otra parte y retomando a Manuel Galván (2005), hemos definido a la psicología social jurídica como un campo interdisciplinario entre la psicología social (“el ser social”) y el derecho (“el deber ser”), que se encarga de la observación del conflicto entre el sujeto (individuo, grupo) y las normas jurídicas creadas por el estado que regulan su comportamiento, siempre mediada por la relación del sujeto con el otro sujeto (individuo, grupo) encargado de ejercer control jurídico, cuyo objeto de estudio es la interacción sociojurídica (ego jurídico-alter jurídico-objeto jurídico) en sus procesos psicosociojurídicos (cogniciones y representaciones sociales en un contexto jurídico concreto: creencias, ideologías, estereotipos, prejuicios, etc. Desde la visión psicosociojurídica adoptamos una línea rectora: el comportamiento jurídico es social por naturaleza, pues está constituido fundamentalmente por la interacción y las normas jurídicas que constituyen “el conjunto de un modelo de interacciones sociales” (Galván, 2005).
Con el contexto ya descrito surgen varias preguntas que dinamizan el hacer, ser y razón de existir de la psicología jurídica, como área o campo y de los impactos que sus acciones generan en los sujetos con quienes interacciona, de los objetos sociales que revisa, crea o invisibiliza.

  • ¿Cómo poner la técnica al servicio de un trato digno, respetuoso, humano y solidario para la VJR y no al contrario?
  • ¿Cómo generar en la formación la capacidad de reconocer el lugar y estatus de protagonista de víctima en el proceso, de reconocer la cantidad y magnitud de impactos y daños?
  • ¿Cómo generar la conciencia de que un lugar preponderante del psicólogo jurídico es el analizar el lugar del poder y los mecanismos de reproducción de estos, en las instancias de justicia formal? Ello en clave del lugar de la víctima frente al Estado victimario.
  • ¿Cómo generar mecanismos en los cuales el estudiante –el psicólogo en formación– identifique al sujeto histórico y al contexto en el que se encuentra inserto, para no caer en la patologización del ofensor y de la víctima, como individuos enfermos, sin comprender la problemática que da lugar a estos sujetos?
  • ¿Cómo hacer contrapeso al modelo monopolizador de la noción de “justicia”? Una justicia que reconozca los otros significados y formas de justicia existentes, propias y originarias –ojalá latinoamericanas– que distan de la vindicación, de la enfermedad y la culpa, que entran en un proceso de aprendizaje, de análisis de problemática y de toma de responsabilidad, en la que legitima a los sujetos como actores, actores de poder, que deben reparar por las acciones que han vulnerado a otros y al bienestar de la comunidad. Comprender los significados y representaciones de justicia, desde la diversidad e inclusión, desde allí sí se pueden plantear los mecanismos alternativos en tanto se reconocen y legitiman las diversas formas de relación: humana, territorial, soberana y espiritual. Con la justicia tradicional o formal se niega la posibilidad de solidaridad, la formalización de las relaciones con los conceptos de ciudadanía represiva, impide el reconocimiento del otro como válido y rompe los mecanismos de solidaridad entre los pueblos y comunidades.
  • ¿Cómo identificar los efectos de la impunidad, del silencio, de la verdad procesal, de la reparación frente a la justicia judicial? En tanto que solo se visualizan los daños que genera el hecho violento, pero no se tiene en cuenta los que ha producido el contexto de hechos sistemáticos de vulneración de derechos, lo que implica denunciar y perseverar en el proceso, los efectos de acceder a un lenguaje que no es propio ni familiar: el legal, asumir los costos económicos y adicionar los sociales por entrar en una realidad alterna: que el estado es el autor del hecho y ello es casi impensable y mucho más la posibilidad de encontrar justicia; significar la implicación de que la verdad solo es la que se prueba y no la que se experiencia; que lo que siente, vive y utiliza como recurso para afrontar el hecho y una realidad altamente desintegradora no se puede leer como patología: ansiedad cuando es temor, estrés postraumático cuando la situación de violencia persiste, alcoholismo cuando es un recurso para dormir, entre otros.
  • ¿Cómo legitimar o invisibilizar? Son muchos los problemas sociales, que aún se revisan con otros referentes teóricos que impiden que se dé respuesta y estatuto legal a ellos. Aún no se entiende como tortura, los diferentes actos que se realizan y por tanto no se les da existencia, no se identifica los efectos de las ejecuciones selectivas y por tanto todavía se revisan como duelos no resueltos, u otros.
  • ¿Cómo no revíctimizar? La carga de la prueba a manos de la víctima, la necesidad de contar y contar, trabajar sobre las nociones y significaciones del otro víctimizado y no de la legalidad. ser traductor, no inquisidor.
  • ¿Cómo identificar claramente los daños e impactos, sin la patologízación?
  • ¿Cómo pasar de la visión intrapsíquica e intraindividual a un análisis de los procesos jurídicos interpersonales y psicosociales? Sin que con ello se caiga en la justificación de hechos delictivos, injustos y lesivos de los derechos humanos. Pues con el suficiente conocimiento del contexto: regional, nacional y global, con la comprensión de las nociones geopolíticas, con la promoción de prácticas pedagógicas que permitan la sensibilización, lectura de periódico y análisis no psicológizante de los problemas sociales. Salidas pedagógicas, ejercicios vivenciales. Inclusión de aspectos sociológicos y antropológicos, así como incluir el desarrollo espiritual de los estudiantes.
  • ¿Cómo superar la confusión ideologizada entre perdón humano, y el perdón y olvido jurídico?

En tanto que como psicólogos promovemos el bienestar personal y comunitario, parece que el desconocimiento del contexto político en el que actúa el estado como actor vulnerador, equipara al perdón solidario, de paz interior con el acto de indulto y perdón judicial; con lo anterior se continua revíctimizando y lo que es peor, nos ponemos de parte de la impunidad y participamos como silenciadores y por tanto de invisibilizadores de la responsabilidad.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que no es el psicólogo un instrumentador al servicio de los mecanismos de opresión y que sirve para responder a una aplicación de justicia, que el psicólogo es llamado a analizar, a generar condiciones de dignificación de los allí intervinientes, de facilitar que las formas de hacer justicia representen efectivamente el ánimo reparador en cada una de las actuaciones, desde la recepción de la noticia, desde el reconocimiento de la injusticia, del dolor y la expectativa de la víctima, identificando sus necesidades, que tenga en cuenta y como horizonte de sentido la comprensión de que la realidad, de dignificación y de justicia social.

Bibliografía

Aguilera, M. (2011) Amnistías e Indultos siglos xix y xx, Revista Arcanos, noviembre 2011, pág. 14.
“Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’”. (2012). Reflexiones iniciales en torno a las negociaciones por la paz: la justicia como garantía de no repetición de los crímenes. Carta abierta al presidente de la República de Colombia: Juan Manuel Santos y al Jefe del estado mayor de la FARC-EP Rodrigo Londoño Echeverry. Disponible en PDF en: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/EN.pdf
Clemente M. (1998) Fundamentos de Psicología Jurídica, cap. 1. Sin Editorial.
Comisión Colombiana de Juristas (2009) Ponencia: Posibilidades y perspectivas para la reparación judicial de los daños psicosociales y en la salud mental. Lección inaugural de Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, sobre “El daño psicológico en las víctimas del conflicto armado”.
Galvan, M. (2005). Foro de análisis sobre derechos humanos en el sistema penitenciario y su impacto en la seguridad pública. Puebla. Disponible en: http://psicologiajuridica.org/psj128.html
Giraldo, J. (1997). Consecuencias jurídicas y políticas de la impunidad. Disponible en: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article52
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López López, Willson. (2008). Victimología: Aproximación psicosocial a las víctimas. Capitulo: Afrontamiento psicosocial: un modelo teórico para la comprensión de la victimización general y para facilitar la recuperación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Rebolledo, O. y Rondón, L. (2010). Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación. En: Revista de Estudios Sociales. no. 36. Bogotá: pp. 40 a 50. Disponible en línea en:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81514696004
Soria, M. (1998) La psicología jurídica, capítulo I. En: Psicología y la Práctica Jurídica. México. Editorial Ariel.

Notas

1 Ver las declaraciones de “El Alemán”, de “Pedro Bonito”, de “Don Berna”, Salvatore Mancuso y
otros jefes paramilitares recogidas en http://www.verdadabierta.com/compon...
2 http://www.elcolombiano.com/BancoCo...
3 http://www.fiscalia.gov.co:8080/jus... Gestión Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz A 19 de septiembre de 2012.
4 Comisión Colombina de Juristas, Violaciones de derechos humanos y violencia sociopolítica en Colombia Ejecuciones extrajudiciales, homicidios sociopolíticos y desapariciones forzadas Total de víctimas muertas y porcentaje de autoría por presuntos autores, según períodos, julio de 1996 a junio de 2010 .http://www.coljuristas.org/document...

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