PSICOLOGÍA, POLÍTICAS SOBRE DROGAS Y DERECHO A LA CIUDAD: EL CASO DE BRASIL

Roberta Brasilino Barbosa
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Introducción

Las reflex­iones que aquí se pre­sen­tan se orig­i­naron a par­tir de la inves­ti­gación de doc­tor­a­do en Psi­cología con­duci­da por la auto­ra y por el autor de ese tex­to, en la cual se uti­lizó un acce­so al cam­po prob­lemáti­co con efec­tos pro­duci­dos por las políti­cas brasileñas sobre dro­gas a par­tir del acom­pañamien­to de algunos movimien­tos de la mil­i­tan­cia en esa área. Se ha cam­i­na­do, a lo largo de los cua­tro años de inves­ti­gación, jun­to con algunos movimien­tos sociales orga­ni­za­dos que luchan por políti­cas públi­cas más com­pro­meti­das con los dere­chos humanos, direc­ta o indi­rec­ta­mente actu­antes en la cuestión de las dro­gas, tenien­do el Frente Estatal de Dro­gas y Dere­chos Humanos de Rio de Janeiro como prin­ci­pal ref­er­en­cia. El seguimien­to a estos movimien­tos fue real­iza­do en el perío­do de 2013 a 2016 por la vía de la par­tic­i­pación en actos y even­tos públi­cos por ellos orga­ni­za­dos o ape­nas en los que se hicieron pre­sentes (sem­i­nar­ios, audi­en­cias públi­cas, mar­chas). Los reg­istros se realizaron en diar­ios de cam­po. Tam­bién se acom­pañó sus movimien­tos por la vía del correo elec­tróni­co, inscribién­dose en lis­tas de men­sajes elec­tróni­cos abier­tos. Y tal ini­cia­ti­va posi­bil­itó con­tac­tar con una serie de frentes en los que esta­ban actuan­do, sien­do el análi­sis de los mate­ri­ales y movimien­tos por ellos pro­duci­dos la estrate­gia metodológ­i­ca adop­ta­da en esta investigación.

La inmer­sión en el cam­po prob­lemáti­co de la inves­ti­gación por las vías citadas per­mi­tió acced­er a una serie de dis­pos­i­tivos, de los cuales dos fueron elegi­dos para ser anal­iza­dos. Son ellos: políti­cas públi­cas de seguri­dad des­ti­nadas a las fave­las en vir­tud de la lucha con­tra el trá­fi­co de dro­gas y tratamien­to estatal reser­va­da a la población en situación de la calle iden­ti­fi­ca­da como usuar­ia de crack. La inves­ti­gación hizo seguir recor­ri­dos ines­per­a­dos: se avanzó por estu­dios acer­ca de políti­cas de asis­ten­cia social, dere­cho a la vivien­da y la seguri­dad, pro­ce­sos de mil­i­ta­rización de la vida, entre otros.

Otro gran encuen­tro pro­por­ciona­do durante el tra­ba­jo de inves­ti­gación sobre políti­cas ref­er­ente a dro­gas en Brasil está explic­i­ta­do en su análi­sis cen­tral: una dis­cusión que artic­u­la cier­to uso de políti­cas sobre dro­gas en el cerce­namien­to de un dere­cho a la ciu­dad. Coim­bra (2001) resalta la impor­tan­cia de pen­sar dere­chos humanos des­de una per­spec­ti­va múlti­ple y local y, por con­sigu­iente, aquí se analizaron algu­nas políti­cas brasileñas sobre dro­gas capaces de “hac­er ver y hac­er hablar” (Deleuze, 1990, p.155) sobre mecan­is­mos vigentes en el man­ten­imien­to de un orden social. De esta for­ma, un movimien­to impor­tante, que no se lim­itó a Rio de Janeiro, pero que tam­bién se repi­tió en otras cap­i­tales de Brasil, fue usa­do como dis­pos­i­ti­vo para un estu­dio sobre los efec­tos provo­ca­dos por las políti­cas sobre dro­gas en el país en con­jun­to con el dere­cho a la ciu­dad (Bical­ho & Bar­bosa, 2014). El uso en esce­nar­ios abier­tos de un psi­coac­ti­vo especí­fi­co, el crack (sus­tan­cia de bajo cos­to deriva­da de la cocaí­na), asum­ió carác­ter legit­i­mador de acciones de inter­nación forza­da por parte de los poderes ejec­u­ti­vo y judi­cial. En el argu­men­to de tratarse de una epi­demia, una serie de per­sonas en situación de calle, solo parte de ellas usuar­ias de la dro­ga, se vio oblig­a­da a internarse en con­tra de su vol­un­tad y oblig­a­to­ri­a­mente para recibir tratamien­to con­tra la “adic­ción quími­ca” que los acometieron, tratamien­to pau­ta­do en la absti­nen­cia de dro­gas y en espa­cios cues­tion­a­dos en lo que se refiere inclu­so a la preparación téc­ni­ca para el desar­rol­lo de un tra­ba­jo en ese sentido.

Con el mis­mo propósi­to, fueron explo­radas algu­nas dimen­siones de políti­cas de seguri­dad públi­ca en fave­las, espa­cios tenidos como difer­en­ci­a­dos del resto de la ciu­dad, moti­vo por el cual, muchas veces, se eje­cu­tan acciones de seguri­dad especí­fi­cas, pro­duc­tos y pro­duc­toras de demar­cación de difer­en­cia (Rebeque, Jagel, & Bical­ho, 2008, Bar­bosa, & Bical­ho, 2017). La jus­ti­fi­cación para el movimien­to de escisión se encuen­tra fuerte­mente rela­ciona­do con políti­cas sobre dro­gas en ejecución.

Además de oper­ar efec­ti­va­mente el desplaza­mien­to de las dis­cu­siones rel­a­ti­vas a las políti­cas sobre dro­gas del enfoque en el suje­to a otro pau­ta­do en la relación nor­ma-trans­gre­sión-cas­ti­go (Barat­ta, 2011), el análi­sis de los dis­pos­i­tivos cita­dos per­mi­tió pro­fun­dizar en las con­sid­era­ciones tocante la uti­lización de las políti­cas vin­cu­ladas a las dro­gas para final­i­dad de cerce­namien­to de un dere­cho especí­fi­co, el dere­cho a la ciu­dad. A par­tir de una dis­cusión sobre la trans­for­ma­ción de la ciu­dad en mer­cancía (Lefeb­vre, 2001) –para lo que se hacen nece­sarias algu­nas medi­das de val­orización de la mis­ma, medi­das que muchas veces impone la negación de la ciu­dad como dere­cho, en el tex­to se desar­rol­ló el argu­men­to de que las políti­cas sobre dro­gas se uti­lizan para lim­i­tar el dere­cho a la ciu­dad. Esta lim­itación de dere­cho ocurre tenien­do como guía una garan­tía de seguri­dad (Fou­cault, 2008) que se efec­túa por mecan­is­mos y pro­ce­sos, como el crec­imien­to del Esta­do Penal y la poli­cial­ización y mil­i­ta­rización de la asis­ten­cia social y de la salud. Agen­cias de salud colec­ti­va como agen­cias puni­ti­vas, ancladas en el dis­cur­so del cuidado.

En nombre de la droga: ocupación 

En esta sec­ción se pre­sen­tarán algu­nas for­mas de aten­ción en el ámbito de la seguri­dad públi­ca que se des­ti­nan a cier­tas áreas de la ciu­dad como difer­en­ci­adas. En el mar­co de la lucha con­tra el com­er­cio de psi­coac­tivos ilíc­i­tos, las fave­las son esce­nario de difer­entes tipos de ocu­pa­ciones, eje­cu­tadas por agentes públi­cos de seguri­dad fuerte­mente arma­dos, en su may­oría, militares.

El com­er­cio de psi­coac­tivos ilíc­i­tos ocurre de man­eras dis­tin­tas y a par­tir de D’Elia Fil­ho (2007) se afir­ma que sus prac­ti­cantes no están pre­sentes de igual for­ma en el día a día de las comis­arías de policía. Según el Fon­do Mon­e­tario Inter­na­cional, 500.000 mil­lones de dólares son gen­er­a­dos por el nar­cotrá­fi­co, pero la población carce­lar­ia que responde por ese crimen en Brasil está for­ma­da casi exclu­si­va­mente por per­sonas no blan­cas, muy pobres y con baja esco­lar­i­dad, detenidas con dro­gas y sin armas, la may­oría de las veces. Para el peri­odista inglés Misha Glen­ny –autor de pub­li­ca­ciones sobre el crimen orga­ni­za­do transna­cional y, más recien­te­mente, de un libro que retra­ta el impacto de la guer­ra a las dro­gas en la vida de un “traf­i­cante” famoso en Brasil (Nem, de la favela Rocin­ha)– el gran trá­fi­co en Brasil es ejer­ci­do por per­sonas de las clases media y alta, que tiene nego­cios legí­ti­mos operan­do en las áreas de trans­porte y agri­cul­tura y cuyos ben­efi­cios obtenidos a par­tir de la exportación de la dro­ga en nada se com­paran con aque­l­los gen­er­a­dos por el com­er­cio domés­ti­co. (http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/24/politica/ 1466791253 _323836.html)

El sis­tema penal rev­ela “… el esta­do de mis­er­abil­i­dad de los pequeños com­er­ciantes de dro­gas ilíc­i­tas, … pobres de las fave­las y per­ife­rias de Rio, respon­s­ables por la ven­ta de dro­gas, obje­tivos fáciles de la repre­sión poli­cial por no pro­ducir ningu­na resisten­cia a los coman­dos de prisión “(D’Elia Fil­ho, 2007, p.12). Inclu­so la Sec­re­taría de Seguri­dad admi­tien­do que la crim­i­nal­i­dad de com­er­cio de psi­coac­tivos ilíc­i­tos puede ser ilustra­da metafóri­ca­mente a par­tir de un ice­berg inver­tido (en el cual el com­er­cio minorista que ocurre en las fave­las es la base más robus­ta, integra­da por aque­l­los expuestos a la repre­sión), el tratamien­to (por lo menos en un primer momen­to, ya que, en el ámbito proce­sal penal, otros fac­tores serán pon­der­a­dos, tan­to en la apli­cación de la dosimetría de la pena, como en las for­mas de cumplim­ien­to de ella, favore­cien­do sobre todo las partes inm­er­sas del ice­berg). En el caso de que se trate de un doble pro­ce­so selec­ti­vo, que se opera primero cuan­do el Esta­do define cuáles con­duc­tas serán pro­hibidas, e inmedi­ata­mente después, cuáles de los autores de esas con­duc­tas autor­izadas respon­derán por sus prácticas.

El autor con­fir­ma otros mean­dros de esa selec­tivi­dad puni­ti­va, resaltan­do que, como es imposi­ble arrestar, proce­sar y juz­gar a todos los prac­ti­cantes de lo que está deter­mi­na­do en ley como crimen, “la mag­i­s­tratu­ra y el Min­is­te­rio Públi­co pasan a delim­i­tar sus ban­das de actuación que, en real­i­dad de las prác­ti­cas infor­males, decide quién va a ser proce­sa­do y juz­ga­do crim­i­nal­mente” (ídem, p.16). En el caso de los deli­tos cometi­dos, pero descono­ci­dos por las autori­dades, y deli­tos inves­ti­ga­dos, pero sin resul­tar en pro­ce­so penal, lleg­amos a la relación que existe hoy entre fave­las y com­bate al com­er­cio de psi­coac­tivos ilíc­i­tos (Bar­bosa & Bical­ho, 2014), incom­pat­i­ble con la crim­i­nal­i­dad real involu­cran­do com­er­cio y pro­duc­ción de dro­gas y total­mente mar­ca­da por la “vis­i­bil­i­dad de la infrac­ción, ade­cuación del autor al estereotipo del crim­i­nal con­stru­i­do por la ide­ología preva­lente, inca­paci­dad del agente en ben­e­fi­cia­rse de la cor­rup­ción o pre­var­i­cación y vul­ner­a­bil­i­dad a la vio­len­cia” (ídem, p.18).

Para D’Elia Fil­ho (2007) se hace impor­tante aten­tar para la relación entre dro­gas y cap­i­tal, pues se tra­ta de un nego­cio que mueve miles de mil­lones de dólares y que involu­cra par­tic­i­pa­ciones dis­tin­tas, unas en activi­dades clara­mente ile­gales y otras, ambas. Citan­do al argenti­no Raúl Zaf­fa­roni, el autor recuer­da que la selec­tivi­dad puni­ti­va está al ser­vi­cio de la exclusión, de la com­pet­i­tivi­dad del mer­ca­do, de sus par­tic­i­pantes más frágiles y vul­ner­a­bles. En otras pal­abras, el sis­tema penal fun­ciona para fines de con­cen­tración económi­ca, reti­ran­do a los pequeños com­er­ciantes, aumen­tan­do la cor­rup­ción y con­cen­tran­do los ben­efi­cios del nego­cio ile­gal en sus activi­dades legales.

El enlace aquí descrito entre dro­gas y cap­i­tal es solo uno de ellos, tenien­do este tex­to la prop­ues­ta de resaltar otro: aquel que igual­mente se vale de la actuación del sis­tema penal, aunque no de man­era exclu­si­va, para cerce­nar el dere­cho a la ciu­dad de una parcela de ciu­dadanos. La ciu­dad como nego­cio nece­si­ta un tipo de inver­sión que es de hecho difí­cil por aque­l­los habi­tantes de mala inser­ción en la lóg­i­ca de con­sumo (Har­vey, 2014). Por ese moti­vo, esas per­sonas nece­si­tan ser ges­tadas, papel ejer­ci­do bril­lante­mente por las políti­cas sobre dro­gas que respal­dan cier­to tipo de políti­ca de seguri­dad públi­ca (pau­ta­da en la vio­lación del dere­cho a la seguri­dad) para fave­las y per­ife­rias de Rio de Janeiro. Vamos a recor­dar un notable episo­dio de la his­to­ria reciente de la ciu­dad de Rio de Janeiro.

El 20 de junio de 2013 se le recor­dará por la real­ización de un gran acto que se pro­du­jo en la región cen­tral de la ciu­dad. Los enfrentamien­tos entre policías y man­i­fes­tantes, tan recur­rentes en las man­i­festa­ciones que venían ocur­rien­do en las sem­anas ante­ri­ores, asum­ieron un carác­ter diver­si­fi­ca­do a par­tir de aque­l­la noche en vir­tud de la per­se­cu­ción poli­cial a los “ván­da­los” escenifi­ca­da en diver­sas calles de los bar­rios del cen­tro de la ciu­dad. Rodri­go Pimentel (ofi­cial de la Policía Mil­i­tar del Rio de Janeiro –no más en activi­dad– y con­sul­tor de seguri­dad públi­ca de la Red Globo de Tele­visión) durante la exhibi­ción del RJ TV 1ª edi­ción. “Fusil debe ser uti­liza­do en guer­ra, en opera­ciones poli­ciales en comu­nidades y fave­las. No es un arma para uti­lizar en el área urbana”. (http://www.youtube.com/ watch?v=hs_ujmGwfh4).

Como una pro­fecía, la indi­cación que hizo acer­ca del uso de esas armas de guer­ra en enfrentamien­tos en las fave­las de la ciu­dad se reac­tu­al­izó. Menos de una sem­ana después, la noche del 24 de junio, la policía invadió la favela Nova Holan­da, en la Maré (favela en Rio con 130.000 per­sonas), tras una man­i­festación que se ini­ció en la Plaza de las Naciones en Bon­suces­so, y se dirigió a la Aveni­da Brasil, prin­ci­pal acce­so a la favela. Se han noti­fi­ca­do asaltos y saque­os a tien­das y coches y la inter­dic­ción de esa impor­tante vía públi­ca (actos que se volvieron cor­ri­entes en man­i­festa­ciones ocur­ri­das en ese perío­do en otros pun­tos de la ciu­dad) cuya inhibi­ción poli­cial resultó en la dis­per­sión de varias per­sonas hacia el inte­ri­or de la favela, segui­da de per­se­cu­ción, muerte de un policía e invasión del Batal­lón de Opera­ciones Poli­ciales Espe­ciales (BOPE). Jaíl­son Souza e Sil­va, geó­grafo y uno de los fun­dadores del Obser­va­to­rio de las Fave­las comen­tó en una entre­vista con los diarios:

Está suce­di­en­do una masacre. ¿Has­ta cuán­do los habi­tantes de las fave­las ten­drán que ser víc­ti­mas de eso? La situación es de esta­do de guer­ra. Los taxis están pro­hibidos, y el com­er­cio fue cer­ra­do por orden de los traf­i­cantes. El cli­ma es muy ten­so y de incautación abso­lu­ta. La policía tiene que man­ten­er el equi­lib­rio. La favela está toda ocu­pa­da, de for­ma vio­len­ta. Los policías están entran­do en las casas. No hay energía en algunos lugares, porque el equipo fue alcan­za­do por tiros. (Extra.globo.com, 26 de junio de 2013).

La policía, reforza­da por miem­bros de la Fuerza Nacional, per­maneció en Nue­va Holan­da por var­ios días. El número ofi­cial de muer­tos fue nueve, sep­a­ra­dos entre “inocentes” y “crim­i­nales”. Los hechos relata­dos no son una excep­ción en el cotid­i­ano de parte de los habi­tantes de Rio de Janeiro, aque­l­los que res­i­den en las fave­las de la ciu­dad. Aunque el entonces sec­re­tario de seguri­dad de Rio, José Mar­i­ano Bel­trame, afir­mó que exis­ten regiones de la ciu­dad en que ya no impera más la lóg­i­ca de guer­ra, en áreas denom­i­nadas “paci­fi­cadas” una serie de vio­la­ciones per­manecieron sien­do obser­vadas (http://extra.globo.com/noticias/rio/excesso-nao-a-logica-da-policia-diz-beltrame-8815734.html).

En el año 2008 fue imple­men­ta­da en la favela San­ta Mar­ta la primera Unidad de Policía Paci­fi­cado­ra. El pro­gra­ma de las UPPs fue elab­o­ra­do de acuer­do con los prin­ci­p­ios de la policía de prox­im­i­dad y se fun­da­men­ta en la aso­ciación entre la población y las insti­tu­ciones del área de seguri­dad públi­ca. Su obje­ti­vo cen­tral con­sis­tió en la “reanudación per­ma­nente de las comu­nidades dom­i­nadas por el trá­fi­co, así como la garan­tía de la prox­im­i­dad del Esta­do con la población”. En la actu­al­i­dad el pro­gra­ma está sien­do desmon­ta­do, pero las 38 unidades insta­l­adas se con­cen­traron may­ori­tari­a­mente en fave­las ubi­cadas en las áreas más aco­modadas de la cap­i­tal, generan­do impactos como el aumen­to del cos­to de vida den­tro de las fave­las y espec­u­lación inmo­bil­iaria en su entorno.

Aunque la prop­ues­ta estu­viera basa­da en una estrate­gia poli­ci­a­ca de prox­im­i­dad, los habi­tantes de las fave­las “paci­fi­cadas” no se mov­i­lizaron a par­tic­i­par en el proyec­to de seguri­dad y se pro­du­jeron enfo­ques poli­ciales que demues­tran que la visión sobre las fave­las sigue dis­tor­sion­a­da y está dom­i­na­da por la creen­cia de que los habi­tantes estén siem­pre sub­yu­ga­dos a un tipo de orde­nación que no sean las definidas por el Esta­do y por la ley” (Sil­va, 2015, p.207–208). Según Sil­va (2015), se tra­ta de un Esta­do Poli­cial que actúa de acuer­do con los deseos de los coman­dantes locales: pro­hibi­ción de even­tos cul­tur­ales real­iza­dos por la comu­nidad; toque de que­da y corte de pelo com­pul­si­vo (Sil­va, 2015); ame­nazas a un activista actu­ante en otra favela, el Com­ple­jo de Alemão; insta­lación de bases de UPPs próx­i­mas a escue­las públi­cas (http://www.marcelofreixo.com.br/2015/05/04/ audi­en­cia-pub­li­ca-deter­mi­na-fim-da-upp-em-esco­la-no-ale­mao/); muertes y agre­siones cau­sadas por policías de UPP (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/familias-de-vitimas-se-unem-contra-abusos-depmsemfavelas-do-rio .html)

En algu­nas fave­las, antes de la insta­lación de las referi­das unidades de policía paci­fi­cado­ra, miem­bros de las fuerzas armadas brasileñas fueron con­vo­ca­dos para crear “condi­ciones para la reanudación del área por las orga­ni­za­ciones de seguri­dad públi­ca de Rio de Janeiro” a par­tir de solic­i­tudes for­males de ayu­da para man­io­bras de operación Garan­tía de la Ley y del Orden. Este hecho ocur­rió en los Com­ple­jos do Adeus, del Alemão y de la Pen­ha y en la Maré, aunque en esa últi­ma región la per­ma­nen­cia por 14 meses ha sido final­iza­da sin la imple­mentación de las prometi­das cua­tro Unidades de Policía Paci­fi­cado­ra, en vir­tud de una cri­sis financiera enfrenta­da por el esta­do de Rio de Janeiro (http://www.defesa.gov.br/noticias/16137-ocupacao-das-forcas-armadas-no-complexo-da-mare-acaba-hoje).

Inclu­so la seguri­dad públi­ca estando bajo la respon­s­abil­i­dad de las fuerzas armadas, durante la per­ma­nen­cia de la lla­ma­da Fuerza de Paci­fi­cación a los habi­tantes de las fave­las se insis­tió en la vio­lación del dere­cho a la seguri­dad. A comen­zar por la expe­di­ción de un manda­to de seguri­dad colec­ti­vo para exam­i­nar las casas de los habi­tantes de Maré con miras a efec­tu­ar arrestos de sospe­chosos y apre­hen­siones de arma­men­tos. El manda­to colec­ti­vo fue así jus­ti­fi­ca­do: “A veces no es posi­ble iden­ti­ficar el pun­to exac­to, una casa en especí­fi­co, pero sabe­mos que es en aque­l­la calle” (http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,duas-faccoes-que-dominavam-favela-dificultavam-operacoes,1147069,0.htm). Sin embar­go, des­de 2012, tras la real­ización del Cen­so Maré (que actu­al­izó la base car­tográ­fi­ca de toda la región y entregó la sis­tem­ati­zación al Insti­tu­to Pereira Pas­sos para que fuera inclu­i­da en el mapa de la ciu­dad de Rio de Janeiro), se creó y dis­tribuyó la guía de que se mane­jaría en la ciu­dad de Rio de Janeiro, en el mar­co de la Con­fer­en­cia de las Naciones Unidas sobre el Cam­bio Climáti­co, fue asesina­do un hom­bre a tiros den­tro de la sede de la Aso­ciación. Inclu­so con los arma­men­tos pesa­dos ​​y vehícu­los blinda­dos sien­do osten­ta­dos diari­a­mente por los mil­itares, esa muerte no fue evi­ta­da, lle­van­do a cues­tion­amien­tos acer­ca de quién está sien­do pro­te­gi­do y qué vio­len­cias están sien­do enfrentadas. Tam­bién se reg­is­traron casos de uso de vio­len­cia físi­ca en inter­roga­to­rios a detenidos por uso de dro­gas, heri­das e inclu­so muertes de res­i­dentes en vir­tud de enfrentamien­tos (http://oglobo.globo.com/rio/menino-que-jogava-fliperama-ferido-durante-tiroteio-no-complexo-da-mare-15416732).

Las actua­ciones poli­ciales aquí men­cionadas dejan pis­tas sobre car­ac­terís­ti­cas muy pre­ocu­pantes en las políti­cas sobre dro­gas de la actu­al­i­dad brasileña. “Traf­i­cantes” y “policías” no solo ocu­pan polos dis­tin­tos, como tam­bién antagóni­cos, cabi­en­do a los primeros la denom­i­nación públi­ca y no aleato­ria de ene­mi­gos, dis­tin­ción enten­di­da como nece­saria para la defen­sa del Esta­do. La for­ma en que se han pro­duci­do y ocur­ren estas per­se­cu­ciones y la propia dinámi­ca de iden­ti­fi­cación de los gru­pos persegui­dos como ene­mi­gos remiten a situa­ciones de guer­ra en las que se toman medi­das típi­cas de un esta­do de excep­ción cuan­do se autor­izan lim­ita­ciones de los dere­chos fun­da­men­tales tal como se describe en el capí­tu­lo (Del Esta­do de Defen­sa y del Esta­do de Sitio) del Títu­lo V (De la Defen­sa del Esta­do y de las Insti­tu­ciones Democráti­cas) de la Con­sti­tu­ción de la Repúbli­ca de Brasil.

Las par­tic­u­lar­i­dades evi­den­ci­adas a par­tir de actua­ciones poli­ciales y mil­itares en fave­las tam­bién nos per­miten apun­tar otras propiedades de las políti­cas de seguri­dad de nue­stro tiem­po; políti­cas que, especí­fi­ca­mente en esos espa­cios, adquieren un estre­cho carác­ter rela­ciona­do a políti­cas de dro­gas. Toman­do de ini­cio el dis­cur­so de Rodri­go Pimentel desta­ca­do con ante­ri­or­i­dad, parece que su prin­ci­pal impor­tan­cia con­siste en mate­ri­alizar un sis­tema de pen­samien­to vigente de man­era muy evi­dente. Además de reafir­mar la exis­ten­cia de una guer­ra, en la que se jus­ti­fi­caría la uti­lización de fusiles, el ofi­cial de la Policía Mil­i­tar en inac­tivi­dad delimi­ta los ter­ri­to­rios en que esa guer­ra es legit­i­ma­da (y nat­u­ral­iza­da), las fave­las, excluyén­dolas de lo que entiende por área urbana y mar­can­do de man­era difer­en­ci­a­da a los habi­tantes de esos espa­cios. “El val­or de la vida en nues­tra ciu­dad depen­derá del ter­ri­to­rio o de las per­sonas de las que esta­mos hablan­do. “… que ve la sociedad civ­il y las pobla­ciones de las fave­las como ‘prob­le­mas’ a ser elim­i­na­dos y no como suje­tos de dere­chos” (http://redesdamare.org.br/blog/noticias/fuzil-no-centro-da-cidade-nao-mas-na-favela-sim/).

Incur­siones pun­tuales, real­izadas por las policías fed­er­al, civ­il y mil­i­tar; ocu­pa­ciones por parte de los efec­tivos del Ejérci­to, Mari­na y Aeronáu­ti­ca, como aque­l­las que ocur­rieron en el ter­ri­to­rio de Maré y en Com­ple­jo de Alemão; las ocu­pa­ciones per­ma­nentes, como las Unidades de Policía Paci­fi­cado­ra, que se con­virtieron en una real­i­dad en algu­nas fave­las de la ciu­dad de Rio de Janeiro a par­tir de la insta­lación en 2008 del primer desta­ca­men­to en favela de San­ta Mar­ta (Sil­va & Bical­ho, 2012). En cualquiera de estas modal­i­dades, se desta­ca cómo, para algunos habi­tantes de la ciu­dad, la seguri­dad públi­ca es exper­i­men­ta­da a par­tir de una con­struc­ción con­tin­ua y pau­lati­na de sen­timien­tos como rabia y miedo hacia la “policía”.

En vir­tud de su Códi­go Postal (o de su ausen­cia), la seguri­dad públi­ca no es un dere­cho posi­ble de ser exper­i­men­ta­do; es solo respon­s­abil­i­dad a ser garan­ti­za­da a par­tir de sus acciones. De acuer­do con el artícu­lo 144 de la Con­sti­tu­ción Brasileña, “la seguri­dad públi­ca, deber del Esta­do, dere­cho y respon­s­abil­i­dad de todos, es ejer­ci­da para la preser­vación del orden públi­co y de la inco­lu­mi­dad de las per­sonas y del pat­ri­mo­nio”. Sin embar­go, vivir en una favela puede hac­er que una per­sona deje de ten­er la seguri­dad como dere­cho a ser garan­ti­za­do por el Esta­do y pase a ser obje­to de vio­la­ciones pro­tag­on­i­zadas por ese mis­mo Esta­do, en nom­bre de la garan­tía de seguri­dad del resto de la población. Y porque aunque la seguri­dad públi­ca no puede ser resum­i­da a la actuación poli­cial, se obser­va con fre­cuen­cia que es por medio casi estric­to de cier­to tipo de actuación poli­cial en ter­ri­to­rio que la población que reside en esos espa­cios tiene con­tac­to con la seguri­dad pública.

La expre­sión de las políti­cas de seguri­dad públi­ca en ter­ri­to­rios de fave­las, según Sil­va (2015), ganó con­tornos con­sid­er­able­mente más cru­eles y excluyentes a par­tir de la insti­tu­ción de la lla­ma­da guer­ra de exter­minio, en la déca­da de 1990. Se tra­ta de la prác­ti­ca, adop­ta­da por algunos policías mil­itares, de evi­tar pri­siones inclu­so en caso de rendimien­tos, que impactó inclu­so en el número de muer­tos entre los pro­pios mil­itares. Un acor­tamien­to de la lóg­i­ca de guer­ra para una supues­ta garan­tía del orden urbano. De esta for­ma, los ter­ri­to­rios de las fave­las fueron cada vez más “iden­ti­fi­ca­dos como defin­i­ti­va­mente peli­grosos e ingob­ern­ables, afir­mán­dose la imposi­bil­i­dad de ejercer allí el mis­mo patrón de reg­u­lación social pre­sente en otras partes de la ciu­dad” (p 64). Se pro­du­jo un agravamien­to de la sep­a­ración entre las fave­las y el resto de la ciu­dad, nat­u­ral­izán­dolas como espa­cios prob­lemáti­cos en sí, cuya real­i­dad local inde­pende del con­jun­to de la ciu­dad. Para esa auto­ra, la lóg­i­ca que hace que la may­oría de la población de Rio de Janeiro sosten­ga la con­tinuidad de las políti­cas de seguri­dad públi­ca, fun­da­men­ta­da en la necesi­dad de reg­u­lación de las rela­ciones sociales, pero que, sin embar­go, así como cuan­do un “traf­i­cante” orde­na el lin­chamien­to segui­do de fusil­amien­to de un joven que asaltó una res­i­den­cia en la favela, se descon­sid­eró la premisa fun­da­men­tal de cualquier políti­ca de seguri­dad: la pro­tec­ción de la vida. Es inher­ente al fun­cionamien­to de cualquier ter­ri­to­rio la necesi­dad de reg­u­lación de las rela­ciones sociales. Sin embar­go, lo que debería ser sober­anía estatal, frente a su inca­paci­dad de ejer­ci­cio en difer­entes ter­ri­to­rios de la ciu­dad (no solo en las fave­las), se trans­for­ma en val­or de mer­ca­do. El ejer­ci­cio del poder es pri­va­ti­za­do y se con­vierte en un instru­men­to de dis­pu­ta. De esa for­ma, “las fuerzas poli­ciales que rep­re­sen­tan el Esta­do actúan en las fave­las no como órganos que con­trolan, cotid­i­ana­mente, el con­jun­to del ter­ri­to­rio de la ciu­dad, sino como fuerzas inva­so­ras sobre un ter­ri­to­rio dom­i­na­do por ejérci­tos ene­mi­gos” (Sil­va, 2015, p.143).

El dere­cho a la ciu­dad, surgi­do bási­ca­mente “de las calles, de los bar­rios, como un gri­to de socor­ro y amparo de per­sonas oprim­i­das en tiem­pos de deses­peración” (Har­vey, 2014, p.15) inte­gra gru­pos dis­tin­tos que luchan por difer­entes pau­tas, como gen­tri­fi­cación, desa­lo­jo, crim­i­nal­ización de los pobres y de los difer­entes; y el dere­cho a la seguri­dad públi­ca rep­re­sen­ta una de esas pau­tas. En las fave­las, la negación del dere­cho a la ciu­dad se efec­túa de diver­sas for­mas, no solo a par­tir de la vio­lación del dere­cho a la seguri­dad pública.

De acuer­do con Sil­va y Bar­bosa (2005) las inver­siones en el ámbito de las políti­cas públi­cas habita­cionales y reg­u­lar­ización agraria, de los pro­gra­mas sociales, de la políti­ca cul­tur­al, de la seguri­dad urbana y en equipamien­tos públi­cos de salud, edu­cación, energía, alcan­tar­il­la­do, agua y tele­fonía son deci­sivos para hac­er efec­ti­vo el dere­cho a la ciu­dad. Sin embar­go, la rel­e­van­cia dada en esta inves­ti­gación a la seguri­dad públi­ca urbana se jus­ti­fi­ca tenien­do en cuen­ta que varias otras vio­la­ciones se embar­caron en aque­l­las ref­er­entes a esa esfera, o sea, es en vir­tud de la garan­tía del dere­cho a la seguri­dad (a cier­ta parcela de los munici­p­ios) una serie de otros dere­chos son vio­la­dos a los habi­tantes de las fave­las de la ciu­dad (Bical­ho, Bar­bosa, & Cun­ha, 2017). En el caso de las políti­cas de dro­gas de enfo­ques pro­hibi­cionistas y béli­cos dados en Brasil de hoy, se vio­la el dere­cho a la seguri­dad de 1.400.000 (IBGE, 2010) moradores y habi­tantes de fave­las de Rio de Janeiro (un cuar­to de la población), mien­tras simultánea­mente se ges­ta ese grupo pobla­cional. Y por ese mecan­is­mo se les nie­ga el dere­cho a la ciudad.

En nombre de la droga (?): Internación 

Los tratamien­tos dis­pen­sa­dos ​​ayer y hoy por el Esta­do a la población en situación de calle pare­cen oper­arse masi­va­mente a par­tir de la ide­ología de la higiene (Chal­houb, 1996), que en resumen es expli­ca­da como la respon­s­able de una visión de las clases pobres como clases peli­grosas, una vez que pueden ofre­cer prob­le­mas para la orga­ni­zación del tra­ba­jo y para el man­ten­imien­to del orden públi­co (gru­pos que desafían las políti­cas de con­trol social en el medio urbano) inclu­so en vir­tud de las posi­bil­i­dades de con­ta­gio de algu­nas enfer­medades de las que se afir­man ser por­ta­do­ras. Como ide­ología, la higiene se con­figu­ra como un con­jun­to de prin­ci­p­ios (tra­duci­dos en téc­ni­cas ‘cien­tí­fi­cas’, supues­ta­mente la parte de los intere­ses par­tic­u­lares y de los con­flic­tos sociales) respon­s­ables de civ­i­lizar el país, pero que despoli­ti­zan la real­i­dad históri­ca, mien­tras legit­i­man las políti­cas públi­cas en el medio urbano de gestión de los prob­le­mas de la ciu­dad y de las difer­en­cias sociales que le es con­sti­tuyente. “La inter­ven­ción de los higien­istas en las políti­cas públi­cas parecía obe­de­cer al mal con­fe­sa­do obje­ti­vo de hac­er que el ambi­ente urbano salu­bre para un deter­mi­na­do sec­tor de la población. Se trata­ba de com­bat­ir las enfer­medades hos­tiles a la población blan­ca” (Chal­houb, 1996, p.9) tenien­do en vista que la Jun­ta Cen­tral de Higiene Públi­ca –órgano del gob­ier­no impe­r­i­al respon­s­able por mapear prob­le­mas en el cam­po de la salud públi­ca, así como imple­men­tar políti­cas que pre­tendían solu­cionar­los– obje­tiva­ba, el siglo xix, la errad­i­cación estric­ta de la fiebre amar­il­la (mien­tras la tuber­cu­lo­sis asola­ba grave­mente a la población negra de Rio de Janeiro) a par­tir del ataque a vivien­das colec­ti­vas denom­i­nadas cortijos.

Los cor­ti­jos ofrecían peli­gro doble: ame­naz­a­ban las condi­ciones higiéni­cas de la ciu­dad y difi­culta­ban el con­trol social de los pobres, habi­da cuen­ta de que eran la mora­da de un gran con­tin­gente de negros. En el mar­co de la refor­ma agraria y de la refor­ma agronómi­ca, se ha com­pro­ba­do que la gestión de una ciu­dad debe guiarse exclu­si­va­mente en cri­te­rios téc­ni­cos o cien­tí­fi­cos, descon­sideran­do las desigual­dades sociales urbanas. “Estas dos creen­cias, com­bi­nadas, han con­tribui­do mucho, en nues­tra his­to­ria, a la inhibi­ción del ejer­ci­cio de la ciu­dadanía, cuan­do no para el geno­cidio mis­mo de ciu­dadanos” (Chal­houb, 1996, p.20).

En vista de esta prob­lemáti­ca, se pone como foco de análi­sis otro uso de las políti­cas sobre dro­gas como mecan­is­mo de jus­ti­fi­cación para políti­cas públi­cas de ‘limpieza urbana’, que no solo con­tem­plan la ide­ología de la higiene, sino que tam­bién la extrap­olan. En la sec­ción ante­ri­or, se legit­i­man, a par­tir de políti­cas sobre dro­gas, pro­ce­sos diver­si­fi­ca­dos de ocu­pa­ciones de áreas urbanas especí­fi­cas, las fave­las, y todos los efec­tos que se derivan para sus habi­tantes (efec­tos que demues­tran que no es por a través del dere­cho que esos ciu­dadanos se rela­cio­nan con la seguri­dad públi­ca, sino por la vía de la cul­pa­bi­lización por la inse­guri­dad exper­i­men­ta­da por el resto de los habi­tantes de la ciu­dad). A estos pro­ce­sos, que car­ac­ter­i­zan políti­cas públi­cas de ‘limpieza urbana’ respal­dadas en la ide­ología de la higiene, se suman las acciones de recogi­da de ‘enfer­mos men­tales’ (depen­di­entes quími­cos) dis­frazadas de ‘inter­nación’ e inclu­so ‘acogi­da’, e inter­pre­tadas como “nece­sarias, que exper­i­men­ta­mos espe­cial­mente a lo largo de la segun­da déca­da del siglo xxi, en difer­entes cap­i­tales de Brasil (Bar­bosa & Bical­ho, 2016). Y así, se desplazan dis­putas por dere­chos, dere­cho a la ciu­dad, a la vida urbana por su val­or de uso y no de cam­bio, como afir­ma Lefeb­vre (2001).

A lo largo de la segun­da déca­da del año 2000 se observó un movimien­to que no se restringió a Rio de Janeiro, pero tomó pro­por­ciones nacionales: el uso de una dro­ga, especí­fi­ca­mente crack asum­ió carác­ter legit­i­mador de acciones de inter­nación forza­da por parte de los poderes ejec­u­ti­vo y judi­ciales. En el argu­men­to de tratarse de una epi­demia, una serie de per­sonas en situación de calle fue oblig­a­da a recibir tratamien­to con­tra la ‘depen­den­cia quími­ca’, este nece­sari­a­mente pau­ta­do en la absti­nen­cia de dro­gas. Otras tan­tas fueron recogi­das y con­duci­das a abri­gos ubi­ca­dos en áreas dis­tantes de los cen­tros de la ciu­dad, algunos de ellos blan­cos de denun­cias al Min­is­te­rio Públi­co Estatal.

Es impor­tante señalar que la políti­ca fue ges­ta­da en la Sec­re­taría Munic­i­pal de Orden Públi­ca (SEOP) ya durante el primer manda­to del entonces alcalde Eduar­do Paes (PMDB), que pone en vig­or la operación “Choque de Orden”, por medio de la cual ocur­rieron “prisión de los que ori­nen en vía públi­ca, y recogi­da forza­da de per­sonas en situación de calle” (Mac­er­a­ta, Dias, Pas­sos, 2014, p.40). En el año 2011 las acciones de recogi­da pasaron de la SEOP a la SMAS (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/justica-do-rj-bloqueia-os-bens-do-deputado-federal-rodrigo-bethlem.html), reba­u­ti­za­da en 2012 para la Sec­re­taría Munic­i­pal de Desar­rol­lo Social — SMDS, o mejor, “se crea una sub­políti­ca den­tro de la Asis­ten­cia Social y un equipo desta­ca­do para tales acciones de recogimien­to” (ídem, p.41), ya que la prop­ues­ta había sido rec­haz­a­da por los tra­ba­jadores de la Salud y de la Asis­ten­cia Social del munici­pio que ale­garon incom­pat­i­bil­i­dad éti­ca, téc­ni­ca y políti­ca con sus cam­pos de actuación. Se desta­ca tam­bién que la par­tic­i­pación de policías en esas acciones –y tam­bién de algunos tra­ba­jadores sociales y psicólo­gas que ejercen fun­ciones de policía (http://www.crprj.org.br/site/recolhimento-compulsorio-em-nota-entidades-cobram-respostas-a-denuncias-e-repudiam-declaracao-do-prefeito/)– se con­vierte en un mecan­is­mo de reafir­ma­ción de que se tra­ta de un tema pri­or­i­tari­a­mente del área de seguri­dad públi­ca, y no más de la salud y la asistencia.

Con­trario a lo que las acciones del poder públi­co pare­cen quer­er afir­mar con las inter­na­ciones forzadas, la relación entre con­sumo de psi­coac­tivos y situación de calle se mues­tra bas­tante com­ple­ja (Pontes, Meza, & Bical­ho, 2015). Aunque el uso de dro­gas (may­ori­tari­a­mente un psi­coac­ti­vo líc­i­to, el alco­hol) sea desta­ca­do en difer­entes inves­ti­ga­ciones real­izadas por la Alcaldía de Rio de Janeiro acer­ca del per­fil de la población en situación de calle (SMDS, 2006–2009, 2013) como uno de los tres prin­ci­pales fac­tores que la propia población apun­ta como pre­pon­der­ante a la condi­ción, ese es solo el ter­cero de ellos, sien­do siem­pre super­a­do por el desem­pleo y los con­flic­tos famil­iares. Lo que, sin embar­go, ni nos per­mite afir­mar que sea úni­co el moti­vo que lle­va a una per­sona a exper­i­men­tar la situación de calle (es decir, esos motivos sue­len estar rela­ciona­dos, lo que en el caso del uso abu­si­vo de dro­gas sig­nifi­ca que la situación mis­ma del desem­pleo y los con­flic­tos famil­iares, que muchas veces son con­se­cuen­cia, pueden des­doblarse en prob­le­mas en la relación con los psi­coac­tivos), ni que la gran may­oría de la población de la calle establece con psi­coac­tivos una relación prob­lemáti­ca, o aunque el uso prob­lemáti­co de dro­gas es un prob­le­ma un fenó­meno reciente entre la población en cuestión.

Una aso­ciación entre la Sec­re­taría Nacional de Políti­cas sobre Dro­gas de Brasil (SENAD) y la Fun­dación Oswal­do Cruz (FIOCRUZ) dio ori­gen a una inves­ti­gación, orga­ni­za­da por Bas­tos y Bertoni (2014), que buscó delin­ear el per­fil de la población y el número de usuar­ios de crack y otras for­mas sim­i­lares de la cocaí­na fuma­da por Brasil, con miras a la adop­ción de medi­das de enfrentamien­to a los com­pro­misos sociales y de salud. Este estu­dio apun­tó que 80% de los usuar­ios de crack y otras for­mas sim­i­lares de la cocaí­na fuma­da lo hacen en espa­cios públi­cos y de gran cir­cu­lación de per­sonas, lo que no sig­nifi­ca que ese es el por­centa­je de usuar­ios que viv­en en las calles. Son 40% de los usuar­ios de crack que se encuen­tran en situación de calle, según ese lev­an­tamien­to. De acuer­do con la inves­ti­gación, de carác­ter epi­demi­ológi­co, se con­stató que 0,81% es la esti­mación de usuar­ios encon­tra­da en las cap­i­tales del país y Dis­tri­to Fed­er­al para la población de esos munici­p­ios. Esta esti­mación, en com­para­ción con el número de usuar­ios de dro­gas ilíc­i­tas en gen­er­al (excep­to la mar­i­hua­na) cor­re­sponde al 35%.

Los dos datos muy rel­e­vantes pre­sen­ta­dos en esta inves­ti­gación son que la región sud­este de Brasil (grandes cap­i­tales, como São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Hor­i­zonte y con el may­or por­centa­je nacional de población en situación de calle), aunque con­trari­a­mente a lo que parece apun­tar a los vehícu­los mediáti­cos, no es la región con may­or número de usuar­ios de crack. Estos datos per­miten que se haga una aler­ta sobre algu­nas ver­dades vehic­u­ladas (y tam­bién con­stru­idas) recur­rente­mente por los medios en los últi­mos años. No se tra­ta de una epi­demia; el uso de crack es mucho menor que el de otros psi­coac­tivos ilíc­i­tos. No se tra­ta de per­sonas que no desean cuida­dos debido a la pér­di­da de capaci­dad de dis­cern­imien­to oca­sion­a­da por la enfer­medad men­tal (depen­den­cia química).

De man­era simultánea, los datos apun­tan a una dis­pu­ta, rela­ciona­da con cier­tos espa­cios públi­cos. El crack fue iden­ti­fi­ca­do mien­tras un psi­coac­ti­vo uti­liza­do may­ori­tari­a­mente en lugares abier­tos y de gran cir­cu­lación de per­sonas. Aunque no sien­do el psi­coac­ti­vo ilíc­i­to más uti­liza­do por la población brasileña, fue su uso el que des­pertó cier­ta for­ma de pre­ocu­pación del poder públi­co, que involu­cró la reti­ra­da de sus usuar­ios de los lugares donde se encon­tra­ban, lo que no sig­nificó una ofer­ta de tratamien­to para esas per­sonas. La ley Brasileña 10.216 san­ciona­da en 2001 mate­ri­al­iza la lóg­i­ca que atraviesa la Refor­ma Psiquiátri­ca brasileña, en la medi­da en que afir­ma ante todo que el tratamien­to al enfer­mo men­tal no debe estar pau­ta­do por el no ais­lamien­to del mis­mo. Resalta, en su artícu­lo 2, con­fig­u­rar dere­cho de la per­sona por­ta­do­ra de trastorno men­tal el acce­so al mejor tratamien­to del sis­tema públi­co de salud, siem­pre bus­can­do su recu­peración por la inser­ción en la famil­ia, en el tra­ba­jo y en la comu­nidad; el dere­cho a la pres­en­cia médi­ca y psi­cológ­i­ca y el may­or número de infor­ma­ción sobre su enfer­medad y tratamien­to; libre acce­so a los medios de comu­ni­cación, entre otros.

Algunas consideraciones

En el caso de las per­sonas que viv­en en las fave­las y la población en situación de calle iden­ti­fi­ca­da como usuar­ia de crack, se resalta que las car­ac­terís­ti­cas asum­i­das pare­cen demostrar que las cat­e­gorías pro­duci­das “traf­i­cantes de las fave­las” ”fave­las” y “dro­ga­dic­tos de las calles” rep­re­sen­tan una per­tur­bación para un orden social. Es por per­tur­bar­la que nece­si­tan ser con­tenidos, reti­ra­dos de la con­viven­cia social que “con­t­a­m­i­nan”. Nece­si­tan ser muer­tos o asi­la­dos. En cárce­les, en espa­cios especí­fi­cos de tratamien­to para depen­den­cia quími­ca, o aún en refu­gios local­iza­dos en áreas dis­tantes de los cen­tros de la ciu­dad: pre­ocu­pación de difer­entes saberes que simultánea­mente oper­an y pro­ducen esa cat­e­goría de suje­tos que nece­si­tan per­manecer en espa­cios ais­la­dos y/o pueden morir, en nom­bre de la seguri­dad del resto de la población. Hace impe­rioso el sigu­iente cues­tion­amien­to: ¿la políti­ca de aten­ción a las per­sonas que habi­tan algunos de los espa­cios donde ocurre el com­er­cio de dro­gas y los “usuar­ios” de crack en situación de calle se mantienen real­mente com­pro­meti­das con el man­ten­imien­to de un orden social y de cier­tas políti­cas de ciudad?

Con­sideran­do que las políti­cas de seguri­dad imple­men­tadas exclu­si­va­mente en los espa­cios de fave­las apun­tan a la reg­u­lación de las rela­ciones sociales tenien­do como foco prin­ci­pal las rela­ciones que impactan en la vida de los habi­tantes de fuera de esos espa­cios y que ante la inca­paci­dad del Esta­do en ejercer la fun­ción de reg­u­lación de rela­ciones en las fave­las, otros la asum­ieron, resul­tan­do en el cuadro que se enfrenta. Con­sideran­do lo que existe en tér­mi­nos de políti­cas públi­cas para población en situación de calle, que artic­u­lan actua­ciones en las áreas de la salud, asis­ten­cia social e inclu­so seguri­dad públi­ca, pero son descon­sid­er­adas por esas otras políti­cas imple­men­tadas en la ciu­dad en los últi­mos años y que aquí se han repor­ta­do. Esas políti­cas que actual­mente rigen no pueden ser car­ac­ter­i­zadas como de cuida­do a per­sonas, pues, tal como recuer­da Lancetti (2015), ellas tienen como pre­ocu­pación may­or la “dro­ga”. La dro­ga, pero tam­bién la calle, la ciu­dad, que nece­si­ta ser “limpia”, respaldán­dose no solo, sino tam­bién en la ide­ología de la higiene, que se camu­fla con una pseu­do neu­tral­i­dad cien­tí­fi­ca y ges­ta a las clases pobres en nom­bre del orden públi­co (descon­sideran­do la real­i­dad históri­ca y las difer­en­cias sociales con­sti­tuyentes del medio urbano y pro­ducien­do una aso­ciación entre clases pobres y clases peli­grosas). Nece­si­ta ser “limpia” para vol­verse cada vez más rentable, hecho que per­mite entonces que se defien­da la vigen­cia del ejer­ci­cio de cier­to uso de las políti­cas sobre drogas.

Para con­ducir el cierre de este tex­to se dialo­ga con Lefeb­vre (2001), que afir­ma exper­i­men­tar una cri­sis urbana mundi­al ini­ci­a­da des­de el surgimien­to del pro­ce­so de indus­tri­al­ización. Para el autor, la ciu­dad y la real­i­dad urbana depen­den del val­or de uso, de la fruición, de los lugares de encuen­tro. Sin embar­go, el val­or de cam­bio y la gen­er­al­ización de la mer­cancía por la indus­tri­al­ización pro­mueven allí destruc­ciones, en la medi­da en que las sub­or­di­nan, ciu­dad y real­i­dad urbana, a par­tir de la com­pra y ven­ta de espa­cios, del con­sumo de los pro­duc­tos, de los bienes, de los lugares.

La ciu­dad es una obra a ser aso­ci­a­da más con la obra de arte que con el sim­ple pro­duc­to mate­r­i­al. Si hay una pro­duc­ción de la ciu­dad, y de las rela­ciones sociales en la ciu­dad, es una pro­duc­ción y repro­duc­ción de seres humanos por seres humanos, más que una pro­duc­ción de obje­tos. La ciu­dad tiene una his­to­ria; es la obra de una his­to­ria, es decir, de per­sonas y de gru­pos bien deter­mi­na­dos que real­izan esa obra en las condi­ciones históri­c­as. Las condi­ciones, que simultánea­mente per­miten las posi­bil­i­dades, no son sufi­cientes para explicar lo que nace de ellas, en ellas, a través de ellas (Lefeb­vre, 2001, p.52).

Y la cri­sis mundi­al de la ciu­dad, pro­duci­da por la lóg­i­ca del cap­i­tal, a menudo es impul­sa­da por una alian­za entre la empre­sa indus­tri­al y el Esta­do. “En cier­tos país­es cap­i­tal­is­tas, ¿qué es lo que la empre­sa ‘pri­va­da’ deja al Esta­do … a no ser aque­l­lo de lo que no se encar­ga de ser demasi­a­do oneroso?” (ídem, 84). A par­tir de ese lugar y conec­tán­dose con la dis­cusión cen­tral de esta inves­ti­gación se puede afir­mar sobre la negación tan­tos a los moradores de fave­las en cuan­to a la población en situación de calle de ese dere­cho que Lefeb­vre (2001) define como dere­cho a la ciu­dad, a la vida urbana. Esta negación ocurre en condi­ciones muy espe­ciales y, máxime, legit­imán­dose de for­ma bas­tante com­ple­ja y sor­pre­si­va a par­tir de políti­cas sobre dro­gas, iden­ti­fi­cadas como políti­cas de cuida­do (aun cuan­do asumen carác­ter indis­cutible­mente béli­co, como en las fave­las, hay un tono de aten­ción a aque­l­la la población y la sociedad como un todo cuan­do se enfrentan a “ene­mi­gos públi­cos” cau­santes de muchos males, inclu­so a la salud pública).

Las políti­cas de seguri­dad públi­ca regi­das por la lóg­i­ca de la ocu­pación y pro­duc­toras de efec­tos como encar­ce­lamien­to y exter­minio masi­vo no ocur­ren en ningu­na parte de la ciu­dad (Rangel & Bical­ho, 2017). Se pro­ducen sólo en regiones muy especí­fi­cas de ella, regiones que pueden inclu­so no ser recono­ci­das como de ella inte­grantes. Y tal vez sea jus­to por no ser iden­ti­fi­cadas como tal que esas acciones puedan suced­er en ellas. ¿Y qué hace que esas áreas, las fave­las, no sean alzadas al títu­lo de ciu­dad? Lefeb­vre (2001) deja una pista al resaltar que la ciu­dad se con­vir­tió en mer­cancía, per­di­en­do su val­or de uso, y sus habi­tantes (en espe­cial algunos de ellos), el dere­cho a ella.

En la mis­ma direc­ción se pueden hac­er obser­va­ciones sobre el cerce­namien­to de ese dere­cho a la población en situación de calle. No está sien­do nega­do a esas per­sonas el dere­cho a la ciu­dad porque quieren recoger­las de las calles, no es eso sim­ple­mente. O mejor, deján­dolas en las calles, algu­nas de ellas hacien­do uso de psi­coac­tivos, no se les per­mi­tirá el dere­cho a la ciu­dad. Estas per­sonas tienen his­to­rias y esas his­to­rias, al mar­gen de las dro­gas, están mar­cadas por la negación del dere­cho a la ciu­dad. La “dro­ga” solo aparece como excusa (camu­fla­da de cuida­do y aten­ción) para negar­les una vez más el dere­cho, porque cuan­do se reco­gen –con­sideran­do los espa­cios para los cuales se des­ti­nan, las condi­ciones y los motivos de las acciones (limpieza urbana) y los impactos que tienen en sus vidas (rompimien­to de los difer­entes vín­cu­los con­stru­i­dos en la calle, por ejem­p­lo)– una vez más ese dere­cho les es nega­do en nom­bre de la lóg­i­ca de con­sumo de la que poco par­tic­i­pan y “no pueden estorbar”.

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